El 94° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunido desde Rosario, Santa Fe, sesionó a partir de un debate que hizo especial énfasis en que las políticas públicas que el país necesita solo podrán construirse a través de una ley de presupuesto anual que garantice el funcionamiento, el sostenimiento y la rendición de cuentas de todo el Estado nacional. Ese fue el mensaje que se aprobó difundir en una declaración.
El cálculo del monto que el CIN aprobó solicitar para el presupuesto universitario de 2026, 7,32 billones de pesos, actualiza y anualiza las partidas de la Ley de Presupuesto 2023 (último aprobado por el Congreso Nacional). Este ajuste para gastos de personal, funcionamiento y programas universitarios se elaboró según los criterios establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada, que estipula una base actualizada a la que se solicita adicionar una mejora para gastos de funcionamiento. «Asumimos las restricciones fiscales en equilibrio con la continuidad de las múltiples actividades universitarias», explicó el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Carlos Greco.
Todos estos puntos también se recuperan en otra declaración del plenario.
El intenso intercambio entre las autoridades dejó en claro, además, que el proyecto de presupuesto universitario 2026 que se aprobó elevar no considera la inflación ni las actualizaciones salariales de los meses restantes de 2025. Tampoco toma en cuenta fondos para el desarrollo de ciencia, técnica y arte; para un plan de obras y equipamiento universitario o para la actualización de los planes de becas. Aunque los reclamos por esos puntos continuarán, deberán ser contemplados por las áreas correspondientes del Gobierno nacional.
En la apertura de la actividad, el presidente Oscar Alpa ofreció un racconto de las tareas encaradas en los últimos meses que posibilitaron la aprobación de la ley de financiamiento, que el Poder Ejecutivo aseguró que vetará. «Nos toca actuar y trabajar en conjunto, internamente en nuestra universidades y con la sociedad, porque solo con un presupuesto nacional se garantiza la autonomía y la autarquía», alentó y repitió la consigna ya viralizada: si hay veto, hay nueva marcha federal universitaria.
Por último, entre los temas que requirieron el análisis, se discutió la situación de las obras sociales universitarias en la coyuntura actual. En su tercera declaración pública, el CIN expuso que la magnitud de la emergencia que atraviesan y se comprometió a acompañar todas las gestiones necesarias tendientes a revertir la grave situación de manera de fortalecer el sistema de salud al servicio del personal de las universidades.