.Este 17 y 18 de marzo las universidades argentinas nos encontramos en una doble jornada de paro, en el marco de lo decidido por el Frente Sindical Universitario
Se trata de una medida de fuerza debida a la crítica situación de la educación superior en la Argentina, que se enfrenta al deliberado desfinanciamiento y destrato por parte del gobierno nacional junto con todo el sistema de ciencia y técnica del país. Pero no se trata únicamente de la universidad. No paramos sin mirar, conocer y apoyar todas las luchas que hoy tienen lugar en el país.
Somos parte de lo que todas y todos los argentinos estamos viviendo en el contexto de una crisis fenomenal, que no solo es económica sino también política y social.Por eso, antes de hablar una vez más de nuestros reclamos sectoriales, primero queremos solidarizarnos con todos aquellos que hoy padecen injusticias y lo están pasando francamente mal: -con los miles de despedidos y despedidas de los sectores público y privado; -con los pequeños y medianos empresarios, comerciantes y productores que han bajado o están bajando sus persianas; -con la enorme cantidad de población económicamente activa, hombres y mujeres a cargo de hogares, con hijos e hijas, que viven en la economía informal y, por lo tanto, reciben la peor parte; -y desde ya, queremos solidarizarnos especialmente con nuestros jubilados y jubiladas, bastardeados otra vez por políticas de ajuste y ahora, también, reprimidos, golpeados y ninguneados de una forma vil como pocas veces se ha visto en la Argentina.
En este último caso queremos manifestar con claridad el más absoluto repudio a lo sucedido el miércoles pasado en Capital Federal. Recordamos que la protesta es un derecho constitucional, y por lo tanto, exigimos el cese urgente de la represión.
Expresamos además, por si cabe alguna duda, que en ningún caso ni los decisores políticos que dan la orden, ni las fuerzas de seguridad que ejecutan una represión feroz contra uno de los grupos más vulnerables de la población pueden ser considerados buena gente o gente de bien, como le gusta decir al presidente Milei y sus principales voceros.
Por eso, nos sumamos a los pedidos de renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y exigimos una urgente y profunda investigación del accionar de las fuerzas de seguridad, particularmente sobre la agresión perpetrada al fotógrafo Pablo Grillo, quien hoy pelea por su vida.
En este sentido, además, alertamos por las cada vez más notables operaciones de inteligencia y vigilancia –como la sucedida el jueves en la reunión del Frente Sindical Universitario en sede de Conadu en Capital Federal-, de amedrentamiento y búsqueda de infundir temor. Advertimos por todo esto que las libertades civiles y ciudadanas están en riesgo como nunca antes lo habían estado desde la recuperación de la democracia.
Creemos, como buena parte de la población, que detener la inflación, tener una economía sana, propiciar el crecimiento, impulsar la creatividad y autonomía de cada ciudadano y ciudadana para llevar adelante sus proyectos, y otros tantos objetivos que el conjunto de la sociedad anhela con buena fe, son necesarios e ineludibles. Pero sospechamos de la real intención de este gobierno para con esos objetivos cuando en realidad lo que vemos y percibimos es un implacable deterioro en todos los ámbitos por falta de planificación, intervención e interés estatal.
Desde las rutas sin mantenimiento a la falta de recursos para combatir los incendios forestales, las inundaciones u otros desastres; desde los aumentos de las obras sociales y prepagas a la falta de asistencia en medicamentos y en salud pública; desde el achique o cierre de instituciones como el Hospital Garrahan, el Instituto contra el Cáncer –solo por nombrar algunos– a las contradicciones de anunciar planes nucleares mientras se expulsa a los científicos que podrían llevarlos adelante y se paralizan obras millonarias dejando que se echen a perder importantes inversiones públicas y privadas.
Y por supuesto, sospechamos cuando vemos la calidad institucional en la que se desarrolla la gestión de gobierno, que se ejecuta a fuerza de decretos; de negociaciones oscuras; de aprietes y compra de voluntades; de represión y miedo; de deuda y pérdida de independencia económica, territorial, de propiedad y manejo de recursos; de alineamientos externos irreflexivos y contradictorios.
En este sentido nos preguntamos: ¿estas formas de gobierno no son todas vestigios de lo peor de los últimos cien años del país? Es decir, ¿para llevarnos a un mejor futuro, el presidente elige repetir, justamente del último siglo que tanto detesta, lo peor?.
Es en este contexto, entonces, que reclamamos una vez más por la educación superior, herramienta indispensable para que esos proyectos creativos y autónomos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tengan futuro. Comenzamos el año sin avances respecto de la situación de emergencia denunciada ya reiteradamente en 2024.
SALARIOS DOCENTES Y NODOCENTES
No ha habido recomposición salarial real desde enero de 2024. Los aumentos asignados profundizaron el retraso, ya que van muy por debajo de la inflación mensual.Hablamos de una pérdida de poder adquisitivo de al menos 25%, es decir tres sueldos por año.
Además, las paritarias como mecanismo de actualización fueron vaciadas desde la llegada de Milei a la presidencia y hoy no existen en la práctica. Los (insuficientes) aumentos son otorgados de manera unilateral y arbitraria
.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESUPUESTO
La ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso en septiembre de 2024, como todos sabemos, fue vetada y no se resolvió ninguna alternativa formal.
Como agravante, el Presupuesto Nacional 2025 (en el que está incluido el Presupuesto Universitario) fue retirado del Congreso y, en consecuencia, por segundo año consecutivo, la asignación de fondos es discrecional por parte del Poder Ejecutivo.
Esto hace imposible cualquier previsión o planificación a nivel institucional y afecta a los recursos destinados a investigación y extensión, a las becas para estudiantes, a las partidas para infraestructura.
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA
Específicamente en la UNRN, las dificultades edilicias y de infraestructura siguen sin resolverse. El campus de Bariloche de la UNRN, con un edificio terminado en un 98%, aún no se inauguró. Continúa el deterioro en el equipamiento ya instalado y no se ha podido ampliar ni renovar los equipos existentes a 2023.
Todo esto se da en un contexto de desfinanciación del sector de Ciencia y Técnica, con la paralización del funcionamiento de la Agencia Nacional de Ciencia y Técnica y de los ingresos a Carrera de investigador de CONICET. Esto impide proyectar y sostener investigaciones vigentes y constituye un panorama desolador para el futuro de muchxs de nuestrxs estudiantes.
Las universidades, así como el sistema científico y tecnológico en su conjunto, están en serio riesgo, y este año será fundamental para su defensa toda vez que ya se prevén para la segunda parte del mandato del gobierno nacional proyectos de fusiones, regionalizaciones, provincializaciones y arancelamientos, según lo que van anticipando funcionarios del gobierno nacional.
Tal desmantelamiento del sistema no solo limitará el acceso de miles de jóvenes a la educación superior, sino que producirá una educación de baja calidad, precaria, costosa, con enormes desigualdades entre provincias y regiones del país, con manipulación de la formación y acreditación, con incierta validez de los títulos en todo el territorio, entre tantos otros fenómenos que ya hemos visto, por ejemplo, en la educación primaria y secundaria, o en la salud pública, con sus transferencias a las provincias sin un programa ordenador, sin recursos ni seguimiento
.Por todo esto, paramos para defender la educación pública gratuita y de calidad, que no puede existir sin presupuesto ni salarios dignos en el marco de un sistema democrático fuerte.